El Parlamento Europeo resolvió posponer la entrada en vigencia de la normativa 1115/23 hasta diciembre del 2025, además de incorporar una enmienda para “países sin riesgo”, los que tienen un desarrollo forestal estable o creciente.
Los países clasificados como “sin riesgo” enfrentarían requisitos menos estrictos, al considerar que representan un riesgo insignificante o inexistente de deforestación. La comisión tendrá que finalizar un sistema de evaluación comparativa por país a más tardar para el 30 de junio de 2025.
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo, reiteró que la normativa tiene requerimientos imposibles de cumplir y que representa una amenaza y un freno para el desarrollo del país. Explicó que incluye medidas inviables que constituyen una traba para el comercio y no tienen sustento científico. “Nuestra región se volvió muy competitiva y este tipo de medidas se plantean porque no están pudiendo competir con eficiencia”, agregó.
Destacó que el mayor riesgo se concentra en la exclusión de la agricultura familiar, un eslabón de relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países sudamericanos, principalmente para Paraguay.
El titular de la UGP agregó que un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que este segmento de la población sería el más afectado y podrían buscar la generación de ingresos a través de cultivos ilícitos, incrementado la problemática social y económica de los países. Por ello, es importante analizar las distintas implicancias de la aceptación de estas medidas unilaterales.
Fuente: UGP y Parlamento Europeo News.
