Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) volvieron a cuestionar las nuevas exigencias de la Unión Europea (UE), y señalaron que el agricultor paraguayo deberá cargar con los sobrecostos que implica demostrar que produce soja libre de deforestación.
En primer lugar, desde el gremio se refirieron a los del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del Instituto Forestal Nacional (Infona). De acuerdo con estos números, el 99,9 % de las 2 978 795 hectáreas de soja que se sembró durante el 2022 en la región Oriental fue en áreas sin deforestación desde el periodo que establece la UE. Es decir, solo 2 739 hectáreas se desarrollaron en nuevas áreas deforestadas posterior al 31 de diciembre del 2020.
Con estos datos, y al tener como base una producción de 10 000 000 toneladas anuales en Paraguay, se puede estimar que solo 9 500 toneladas provienen de áreas desmontadas después de diciembre de 2020. Esto representa 0,1 % de la producción total de soja en el país.
Ante este panorama, y tras una reunión con agricultores, cuestionaron si la exigencia de la UE es razonable, ya que se plantea someter al proceso de diligencia debida a la cadena productiva por la simple sospecha o presunción de que se deforestó para producir soja.
Además, consideran que todo se carga sobre el productor paraguayo, que tendrá que demostrar que produce soja libre de deforestación, con los sobrecostos y demoras en procesos o trámites para exportar que esa tarea implica.
Asimismo, ante la falta de argumentos convincentes, coincidieron en señalar que, más que una preocupación por la deforestación, las exigencias buscan debilitar la competitividad de la producción paraguaya con medidas que generan trabas comerciales solapadas bajo preocupaciones ambientales.
