La Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria (Capasagro) manifestó su firme rechazo al proyecto de ley que plantea modificar el artículo 4° de la Ley N.º 716/96, al considerar que criminaliza el uso de defensivos agrícolas y genera un alto riesgo jurídico para los productores. La iniciativa contempla penas de hasta ocho años de prisión o multas significativas para quienes realicen pulverizaciones sin cumplir con las franjas de protección establecidas.
El gremio alertó que la propuesta será analizada próximamente por la Cámara de Diputados, por lo que solicitarán su rechazo “in limine”, al calificarla como una medida “populista y antiproducción”.
El proyecto de ley incorpora sanciones para las aplicaciones aéreas y terrestres de plaguicidas, insecticidas o fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas cercanas a asentamientos humanos, espacios de concurrencia pública, nacientes y cursos de agua, cuando no se respeten las distancias de seguridad vigentes.
Desde el sector impulsor de la normativa se argumenta que el actual modelo productivo depende del uso intensivo de agroquímicos —como fertilizantes y pesticidas—, lo que implicaría riesgos para la salud humana y contribuiría a la degradación ambiental.
No obstante, desde Capasagro recuerdan que estos insumos ya están regulados por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que establece clasificaciones según niveles de toxicidad y promueve avances tecnológicos como productos biológicos e inhibidores de quitina.
En esa línea, el presidente del gremio, Ramón Sánchez, explicó que el uso de fitosanitarios se rige por estándares internacionales definidos por la Organización Mundial de la Salud. Como ejemplo, mencionó las campañas del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), que emplea insecticidas para el control de mosquitos bajo condiciones seguras para la población.
“Hace 50 años trabajamos junto al sector público y privado, con avances en tecnología, calidad e inocuidad que posicionan a Paraguay a la vanguardia”, sostuvo Sánchez, quien insistió en que el proyecto no se basa en evidencia técnica.
El gremio también advirtió que la iniciativa no solo impactaría en la producción agropecuaria, donde el uso de fitosanitarios es estructural, sino que podría extender sus efectos a otros ámbitos, como el control de plagas en comercios.
Finalmente, Capasagro reiteró su postura de defensa del sistema productivo y llamó a los legisladores a frenar una propuesta que, a su criterio, podría generar más perjuicios que soluciones tanto para el sector como para la seguridad sanitaria.
Fuente: UGP
