La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) inició un sumario de investigación a siete frigoríficos por la presunta infracción de los artículos 8° y 9° de la Ley N° 4956/13 de Defensa de la Competencia. Estas empresas son Frigorífico Concepción, Frigochorti, Frigochaco, Frigorífico Neuland, Frigorífico Guaraní, Frigorífico Victoria y Frigomerc.
Hoy, la Comisión Permanente del Congreso Nacional analizó la apertura del sumario de investigación contra las empresas por presuntas prácticas anticompetitivas. Este encuentro fue encabezado por el presidente, el senador Colym Soroka, y contó con la participación de representantes de la Conacom, el presidente de directorio, Eduardo Barros Vasconsellos; y el director de Investigación, Ricardo Díaz Chamorro, entre otros directivos, quienes expusieron el estado actual de las denuncias y los alcances del proceso en curso.
Durante la reunión, el senador Soroka subrayó la necesidad de dar mayor visibilidad a una situación, que calificó como preocupante. En ese sentido, advirtió que el silencio frente a este tipo de hechos puede interpretarse como una forma de complicidad. Además, remarcó que la problemática del precio de la carne tiene un impacto a nivel nacional, afectando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, en un contexto donde el consumo de carne forma parte central de la cultura alimentaria paraguaya y su encarecimiento restringe progresivamente el acceso de la población.
Por su parte, Ricardo Díaz Chamorro explicó que la Conacom se encuentra actualmente en etapa de investigación de las denuncias presentadas por las partes afectadas. Precisó que son siete las empresas involucradas y que se analiza la posible existencia de acuerdos entre ganaderos y frigoríficos, lo que podría colocar a los productores en una posición de desventaja dentro de la cadena cárnica.
El director de Investigación indicó que el objetivo central del sumario es determinar si efectivamente se configuraron conductas anticompetitivas. En caso de comprobarse la existencia de un cartel y aplicarse una sanción, las empresas deberán cesar los acuerdos de precios, lo que podría generar un impacto positivo en el funcionamiento del mercado.
Asimismo, aclaró que este tipo de prácticas puede ser sancionado con multas de alto impacto, que pueden alcanzar hasta el 20 % de la facturación del año anterior o incluso el 150 % de los beneficios obtenidos como resultado de la conducta anticompetitiva. Si bien se trata de sanciones con fuerte efecto disuasivo, destacó que uno de los aspectos más relevantes radica en las medidas correctivas que podría dictar la Conacom, las cuales establecerían lineamientos claros de conducta para el sector.
Finalmente, el presidente del directorio de la Conacom, Eduardo Barros Vasconsellos, señaló que, con los recursos actualmente disponibles, la institución busca abarcar la mayor cantidad posible de casos. No obstante, enfatizó que un mayor respaldo presupuestario permitiría ampliar significativamente el alcance de las investigaciones, teniendo en cuenta que se trata de procesos complejos y prolongados, que requieren un seguimiento constante y una inversión considerable en estudios de mercado.
