Durante una charla que se desarrolló el jueves pasado, en Capeco, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, explicó las implicancias del Pacto Verde (Green Deal) europeo sobre Paraguay, y más precisamente del Reglamento de la Unión Europea (UE) 1115/2023. Señaló cuestiones de la legislación que generan dudas, incertidumbres y otras que son inaplicables.
El titular de la UGP explicó que lo que no se contempla en el “Pacto Verde” de la Ley europea, donde el instrumento es el Reglamento 1115, son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. “Ellos transfieren su responsabilidad sobre los países en desarrollo”, manifestó.
Tampoco se tienen en cuenta las capacidades respectivas, sus condiciones sociales y económicas. El Reglamento 1115/2023 es una ley interna que pone condiciones que elimina las posibilidades de trabajar a las personas, señaló. “Entonces, es un problema interno que quieren internacionalizar”, sostuvo.
El Pacto Verde de la UE es un paquete de iniciativas políticas de la Unión Europea, que se plasman en el Reglamento 1115/2023. Es una ley interna que pretenden aplicar en terceros países y afecta el comercio. Incluye medidas que abarcan el clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y las finanzas sostenibles. “Con esto se incumplen y se atropellan acuerdos internacionales firmados en las Naciones Unidas”, aseguró.
Con respecto al Reglamento 1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, recordó que su aprobación se dio el 31 de mayo de 2023. Este conjunto de normativas está relacionado a la comercialización en el mercado de la Unión Europea y la exportación a Europa de determinadas materias primas y productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. “Resolvieron internacionalizar el Pacto Verde o Green Deal y aplicar extraterritorialmente, por encima de las leyes Paraguay”, afirmó.
Inviable
Además, el presidente de la UGP explicó que el reglamento de la UE establece obligaciones que debe cumplir el importador, y este, por su parte, exigirá a sus proveedores.
El criterio con que se hace la evaluación es el riesgo del país de producción, a la que denominan “Diligencia Debida”. Contempla la presencia de bosques, prevalencia de deforestación o degradación, complejidad de la cadena, riesgo de mezcla, presencia de pueblos indígenas y denuncias previas.
También se incluyen en la lista de criterios la corrupción, falsificación, ilegalidades, violaciones de derechos humanos, conflictos armados y sanciones, preocupaciones justificadas, conclusiones del grupo de expertos de la UE, y la información complementaria o certificaciones.
Cristaldo señaló que existen puntos que no están bien definidos, cuestiones operativamente inviables y subjetividades, por lo que generan dudas. “Nosotros les preguntamos si los datos y documentos oficiales elaborados por el país, cumpliendo con los procedimientos establecidos y acordados en los organismos de referencia, tendrán el mismo peso que los generados por terceros sin procedimientos reconocidos. La respuesta fue que serán indicados en la metodología que se está desarrollando. La información proporcionada por países terceros se tendrá debidamente en cuenta”
Manifestó que consideran que el criterio de “Diligencia Debida” se basa en el principio precautorio, donde las decisiones se toman con base en sospechas, sin evidencia científica. “Si no vamos a basarnos en datos o en ciencia, nos estamos enfrentando a un sistema dogmático, basado en prejuicios, que genera una vulnerabilidad enorme”, aseguró.
Trazabilidad detallada
Por otra parte, explicó que el Pacto Verde, para el caso específico de Paraguay, afecta a la soja, madera y ganado bovino. Esto entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.
Entre las exigencias, piden una trazabilidad muy detallada, de parcela por parcela, lo que representa una complicación muy grande. “Probablemente, los productores más grandes puedan hacerlo, pero entre los medianos y pequeños mucha gente va a quedar fuera”.
Además, con respecto a la geolocalización, se exige hacer planos y georeferenciación desde cuatros hectáreas. “Nosotros no consideramos que esto sea racional”, expresó.
Cristaldo aseguró que estas medidas van a impactar con mayor fuerza sobre el segmento de los que cuentan con menos de 50 hectáreas, que en Paraguay representan unas 264 175 propiedades. Es decir, el 90% de las fincas del país. A todo esto, se debe recordar que existen 142 910 parcelas sin título de propiedad.
