La XLVII Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se desarrolló en el marco de la tradicional Exposición Rural 2024, en Buenos Aires, Argentina. En la oportunidad, los ministros de Agricultura de los países que integran el CAS pidieron a la Unión Europea (UE) que se postergue la implementación del Reglamento 1115-2023 sobre la deforestación, que se prevé para el 30 de diciembre de este año.
Manifestaron que la entrada en vigencia de esta Ley puede impactar de manera negativa en el comercio agroalimentario y afectar particularmente a los pequeños productores y medianos productores de los países de la región.
El CAS está integrado por los ministros de Agricultura de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y su secretaría técnica, que está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Cabe destacar, que en esta ocasión, en representación de Paraguay estuvo presente el Director de Coordinación y Administración de Proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), César Duarte.
Durante la reunión, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, afirmó que el crecimiento de las regulaciones al comercio agroalimentario indica un incremento del proteccionismo. Resaltó que son temas que trascienden las fronteras nacionales y requieren un abordaje regional. “Estamos convencidos de que nuestros sistemas de producción están llamados a ser parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad”, dijo.
El ministro de Uruguay, Fernando Mattos, expresó que los países del CAS juegan un rol fundamental para el futuro de un mundo que busca asegurar la provisión de alimentos. Resaltó, además, que es necesario poner en primer plano que los desafíos productivos dependen de la investigación e innovación.
Por su parte, Victor Hugo Hilari, Director de Producción, Pecuaria, Acuicultura y Pesca de Bolivia, afirmó que el cuidado de la madre tierra es fundamental. Teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para su entrada en vigencia, agregó que urge dialogar y discutir el reglamento sobre deforestación.
El representante de Paraguay señaló que el país está muy atento a la aplicación del reglamento y que su entrada en vigencia debe ser postergada.
Cleber Soares, secretario de Innovación y Desarrollo Rural y Riego del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Brasil, también expresó el rechazo de su país al Reglamento de la UE. Manifestó que esperaban un clima de diálogo y cooperación con la UE durante el debate de la normativa.
A través de una declaración firmada, los ministros expresaron a la Comisión de la Unión Europea la disposición de los países del Cono Sur de las Américas para trabajar en forma conjunta y entablar un diálogo real y efectivo. Además, advirtieron que la complejidad y los costos de los mecanismos del Reglamento 1115 sobre deforestación podrían excluir a los pequeños productores de las cadenas de valor.
También señalaron que la clasificación de riesgo de deforestación y degradación forestal de países que prevé realizar la Comisión Europea podría ser incompatible con las obligaciones que se asumieron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Igualmente, los ministros afirmaron que los países que integran el CAS son líderes en la adaptación de buenas prácticas y tecnologías para mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Asimismo, siempre plantean que no existen soluciones únicas para problemas globales y que deben fortalecerse el multilateralismo y la cooperación internacional.
Pronunciamientos: antimicrobianos y límites de residuos de plaguicidas
En la declaración firmada, los miembros del CAS, manifiestan la importancia de adoptar un enfoque científico para el uso de medicamentos antimicrobianos en la producción animal. Esto con el objetivo de proteger la salud humana.
Además, alientan a los países a perfeccionar los sistemas de control de su uso y advierten que la resistencia antimicrobiana es una amenaza para la salud pública mundial que tiene que ser desarrollada en el marco de una cooperación internacional.
Finalmente, sostienen que las decisiones sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos se deben adoptar con base en evidencia científica sólida y acorde con los compromisos asumidos en la OMC.
Fuente: IICA
