La semana pasada, en Itakyry (Alto Paraná) se produjo un hecho de extrema violencia, donde fue víctima la familia Torras, integrada por productores agropecuarios. Además de sufrir daños físicos, tuvieron pérdidas patrimoniales importantes. Al respecto, el Ing. Agr. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), manifestó que se trató de un tipo de invasión que no es común, por la alta agresividad de los responsables hacia los propietarios del establecimiento.
“Detrás de esta invasión se sabe que hay un fuerte apoyo de padrinos políticos, que buscan votos o alguna otra ventaja; aparentemente, también está un pastor de la iglesia. Lamentamos esta situación, porque en lugar de construir soluciones y encontrar el mejor camino para trabajar todos juntos, se está generando un escenario de confrontación”, dijo.
Sin embargo, valoró la rápida acción de la policía y la fiscalía, que en 24 horas aprendieron a los involucrados en el ataque. “A partir del martes pasado ya comenzaron a declarar ante a la fiscalía. Y vamos a esperar para ver qué se desprende de todo esto”, agregó.
Cristaldo pidió a las autoridades que se devuelva la tranquilidad a la zona de Itakyry. Afirmó que la propiedad asaltada no corresponde a la reclamada por la comunidad indígena Ka’a Poty. Para exigir la supuesta propiedad utilizan un título sin tierra. El documento es parte de un paquete, de casi 14 títulos, que adquirió el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) durante la administración de Valentín Gamarra, quien fue procesado por estafa al estado paraguayo.
El título indica que su lindero norte es el río Acaray, lo que significa que está en la margen derecha del río. Es decir, está en Caaguazú y no en Alto Paraná, donde reclaman y violentan a los productores de Itakyry, explicó.
Se trata de un problema que se inició en el 2020, cuando se empezó a mover el título falso. Recordó que en ese año instalaron a la comunidad indígenas en la zona, después salieron y volvieron a ingresar. Este año, a fines de junio, fueron nuevamente desalojados. Esta vez, volvieron y terminó en este hecho grave de violencia, agregó.
“Lastimosamente el señor Torras y su familia pasaron momentos de terror. Ningún paraguayo merece pasar por un hecho de violencia. Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo, que a la gente de trabajo se le dé el resguardo y amparo de la ley, y a la gente que viola la ley se le dé la sanción que corresponde. Que no se aplique la ley del opa re’i, que es común en nuestro país y que debilita a las instituciones por presión de politiqueros”, concluyó el presidente de la UGP.
